8° Encuentro, Coquimbo Noviembre 2015

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miércoles, 29 de enero de 2014

Demandas de la RAN

Después de 30 años de neoliberalismo y una economía basada en extracción y exportación masiva de materia prima, queda cada vez más en evidencia que no se puede seguir así a menos que queramos convertir el país entero en un desierto contaminado. La sequía que afecta todo el país y que hace necesario el reparto de agua por camiones aljibe incluso en regiones sureñas, sólo en parte se explica por condiciones climáticas generales, ya que, mientras se secan los embalses y muchas comunidades rurales sufren por la falta de agua, consorcios transnacionales están adquiriendo derechos sobre este elemento vital, y las grandes empresas agrarias y forestales expanden su producción para el mercado exterior. De la misma manera, se pretenden instalar múltiples proyectos mineros nuevos, las cuales no solamente ocupan y contaminan grandes cantidades agua para sus procesos, sino también presionan hacia una mayor producción de energía eléctrica, con mega proyectos contaminantes y destructivos.
Hace más de cuatro años que comunidades afectadas del norte del país nos hemos juntado en una red para enfrentar nuestros problemas - que tienen la misma raíz -  en conjunto, y romper la situación de desventaja impuesto por la colusión de la prensa y de los gobiernos de turno con las empresas extractivistas. Nuestra voz de alerta se une a la de muchas comunidades del centro y del sur, y despierta a cada vez más personas. De esta manera, en abril del 2013 se pudo realizar una gran marcha por el agua que reunía a organizaciones ambientales de todo el país bajo las siguientes demandas esenciales, relacionadas con el tema del agua:
1. Fin al lucro: El agua es un bien común, y tal como Chile reconoció en Naciones Unidas, es un derecho humano básico, y debe ser consagrado como tal en nuestra Constitución, dejando de este modo de ser una mercancía regulada por el mercado.
2. Propiedad colectiva: El agua es de la vida y de todos los seres que de ella dependen, por lo tanto, el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino que garantizar, bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, de manera que el uso asociado a agua para bebida, servicios sanitarios e higiénicos, producción de alimentos y mantención de los ecosistemas, tenga preferencia por sobre otras actividades productivas. Del mismo modo, se debe recuperar el control público sobre el abastecimiento y saneamiento del agua de bebida para la población.
3. Gestión comunitaria: Los pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles. Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria al centralista modelo de desarrollo minero, forestal, energético y agroalimentario que se ha impuesto en nuestros territorios, de modo de evaluar entre todos y todas, seria y rigurosamente, los costos y beneficios que este ha traído a las regiones, el país y el planeta.
4. Derogación de los instrumentos privatizadores: El agua y la tierra son indivisibles, tal como lo comprenden todas las cosmovisiones campesinas e indígenas, por lo tanto, se deben derogar todos los instrumentos que fracturan este principio elemental, como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero, de modo que el agua deje de ser un derecho empresarial inalienable, contra la vida y la sustentabilidad de las comunidades y los ecosistemas.
5. Leyes para la vida: Debemos dictar con urgencia una ley que proteja los ambientes fragilizados, en especial los ecosistemas glaciares y periglaciares, para preservar las nacientes de nuestras cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.
6. Restructuración institucional: Es imprescindible que la institucionalidad, especialmente la Dirección General de Aguas, detenga sus conductas criminales, entregando más derechos de agua de lo que las cuencas pueden recargar, y resolviendo cuestiones técnicas en virtud de criterios político económicos. La institucionalidad que regule las aguas, no puede ser una pantalla democrática del saqueo, debe desburocratizarse ahora, estar al servicio de las comunidades y tener facultades y competencias para garantizar el buen uso de las aguas.

Más allá del tema del agua, como Red Ambiental Norte hemos establecido también estas otras demandas:
7. Ordenamiento de la producción minera, que rechace la mega minería química y las empresas transnacionales y considere sólo aquellas empresas nacionales que utilicen metodologías que permitan mantener el equilibrio de los ciclos ecológicos de las cuencas hidrográficas, prohibiendo la instalación de relaves tóxicos y la explotación a cielo abierto en las nacientes de las aguas, por la cantidad de riesgos asociados en perpetuidad, a la vida en nuestros valles. Control estatal efectivo sobre el tratamiento de relaves antiguos y nuevos para evitar riesgos para la población y los ecosistemas.
8. Creación de un modelo energético para el país, basado en el uso de energías limpias con tecnologías avanzadas, propuestas desde la participación ciudadana vinculante, y sin termoeléctricas.
9. Soberanía alimentaria. Exigimos moratoria a los cultivos transgénicos y etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos. Nos oponemos a la Ley de Obtentores Vegetales que es el paso previo para el “nivel 2” de privatización de la semilla, pues permitirá que se promulgue el Convenio UPOV 91 afectando nuestro patrimonio genético y la biodiversidad. Rechazamos los biocombustibles, los mega proyectos alimentarios y la nueva ley de pesca, y exigimos proteger la cultura campesina y pesquera que esté en armonía con la naturaleza, indígena o criolla, y los pequeños productores que puedan abastecer a la población con alimentos saludables. Llamamos a favorecer la agricultura orgánica con métodos naturales de fertilización y control de plagas, y reducir el uso de agroquímicos a un mínimo. Asimismo nos oponemos a una ley de fomento forestal que subsidia la plantación masiva de árboles que dañan y depredan los ecosistemas, y secan las napas de agua. Rechazamos también tajantemente cualquier tratado internacional que nos impida tomar decisiones a favor de nuestra población.
10. Políticas de salud pública que protejan a los ciudadanos. La primera preocupación del estado debe ser el bienestar de sus ciudadanos, y no la acumulación de ganancias de empresas transnacionales. Así, rechazamos categóricamente el nuevo decreto supremo Nº 20 publicado en el diario oficial el 16 de diciembre de 2013, el cual permite la triplicación de emisión de material particulado mp10, poniendo los intereses de las industrias por encima del derecho a salud de la población. Igualmente, demandamos derogar la ley de antenas porque no respeta los derechos de salud y libertad de las personas. Exigimos fiscalización ciudadana en las emisiones de antena de telefonía y de comunicación celular, que se baje la norma de emisión de ondas electromagnéticas a 0,1 microwatt’s x cms2 y que las torres o monopostes portadores de antenas de telefonía celular sean reemplazadas por microceldas. Por otro lado, se debe hacer un verdadero monitoreo permanente de la calidad del agua potable y del aire para detectar y exigir remedio ante eventuales contaminaciones por las industrias, y se debe prohibir la descarga de materiales tóxicos o aguas servidas a caudales y el mar. Igualmente, se necesitan políticas públicas para la reducción, el reciclaje y el tratamiento adecuado de los diferentes tipos de basura. Es insoportable que las empresas se lleven las ganancias de sus operaciones, y la población cargue con los costos de salud, paisajísticos, turísticos y eco-ambientales.
       En cuanto a la nueva Institucionalidad Ambiental, pensamos que sirve más a los intereses de las industrias que de la población. Incluye una fase de participación ciudadana que para la gran parte de la población, sin experticia ni recursos, es muy difícil de aprovechar, toda vez que las empresas usan medios cada vez más sofisticados para cooptar a los vecinos, las autoridades y la prensa con promesas de todo tipo. De esta manera, la “Responsabilidad Social Empresarial” se convierte en un caballo de Troya mediante el cual se pueden introducir proyectos en comunidades, aprovechando muchas veces su situación de precariedad, y quebrando la convivencia de los vecinos. Las observaciones ciudadanas que se logren hacer, no son vinculantes. En el mejor de los casos, se usan para mejorar y legitimar un proyecto, pero no permiten evitar que se instale una industria que alterará gravemente la vida de una comunidad y un ecosistema. Recién cuando el daño ya está hecho, se podrá recurrir a un Tribunal Ambiental, pero las sanciones no recuperarán las fuentes de vida perdidas. Por otro lado, la institucionalidad no considera el potencial efecto sinérgico al impacto de varias fuentes emisoras de variados contaminantes sobre los ecosistemas.
Por lo tanto, más que una ley ambiental que maquille el saqueo, necesitamos una nueva constitución que se base en el concepto del bien común, donde las riquezas naturales se cuiden y se compartan; que implique una real participación ciudadana desde la perspectiva territorial, sin persecución ni criminalización, y que garantice los derechos de las personas a salud y a vivir en ambientes libres de toda contaminación.

Red Ambiental Norte

Enero 2014

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