Declaración pública

Plataforma socio-ambiental hacia Rio+20

Hace 20 años se realizó la Cumbre de la Tierra de Río 1992, después que la Comisión Mundial para el Desarrollo del Medio Ambiente de las Naciones Unidas concluyera que la vida del planeta se encontraba en serio riesgo debido a la erosión del medio ambiente. El objetivo de dicha Cumbre era concebir una política y un programa económico que permitiese reorientar la economía y salvar al planeta de una crisis anunciada. Se puso en escena la propuesta del desarrollo sostenible para sacarnos de la debacle que la acelerada extracción de los recursos naturales y la contaminación ambiental había generado. Se apuntaba igualmente a restablecer los ritmos de crecimiento que permitiesen mantener las tasas de ganancia de modo de superar los índices de pobreza sin afectar el medio natural de vida de la población. Las clases dirigentes del mundo aceptaron la propuesta, atribuyendo una buena intención a los artífices de esta política.

            No obstante las expectativas generadas, 20 años más tarde se ha agravado la crisis ambiental, social y ecológica, ello sin mencionar las guerras, invasiones y las nuevas políticas de despojo que se han impuesto sobre la Tierra y los territorios, particularmente en los llamados países en desarrollo o del sur del mundo. El supuesto desarrollo sostenible ha beneficiado a los grupos privilegiados, acrecentando los problemas de vastos sectores y comunidades de los países arrasados por la usurpación de los bienes comunes. Políticas públicas intencionadas han favorecido la mercantilización de la naturaleza y se han impuesto culturalmente patrones de producción y de consumo que transgreden los límites y equilibrios naturales, aumentando de manera alarmante la inequidad y el empobrecimiento en amplias regiones del mundo.

            El modelo chileno ha operado como punta de lanza en el continente para impulsar estas lógicas mercantiles. Se habla de desarrollo sostenible mientras se vulnera compromisos internacionales y se viola la precaria legislación nacional sobre esta materia; entregando el Estado los bienes comunes y colectivos a la voracidad del capital nacional y transnacional. Las clases dominantes, gobierno y empresarios, se vanaglorian de los índices de crecimiento y de las políticas macroeconómicas actuales, sin embargo, Chile ostenta la mayor desigualdad de ingresos y ha llegado a ser uno de los países más caros de la región. Al mismo tiempo, los índices de calidad ambiental empeoran a lo largo del país, siendo los sectores más pobres los que padecen de forma más intensa los efectos de estas políticas de muerte.

            Durante estos 20 años se han profundizado en Chile la vulneración de derechos, la privatización de los bienes públicos y la mercantilización del agua, la vida y la naturaleza. Esto lo sufrimos en todos los ámbitos de la sociedad y la economía: en la educación, el mundo del trabajo, la salud y los servicios básicos; en todo el territorio avasallado por la mega-minería, la agro-industria, la mega-generación eléctrica, las plantaciones forestales y otras infraestructuras que agreden sistemáticamente a los pueblos y comunidades indígenas y rurales, destruyendo su hábitat, sus culturas y economías locales.

            Las organizaciones y sectores sociales que han hecho conciencia de estos procesos están logrando trascender el escenario de desintegración de las redes sociales pos dictadura y han comenzado, pese a la creciente represión, criminalización y persecución gubernamental, a construir movimientos más amplios que demandan cambios estructurales en el sistema político y económico.

            La cumbre Río+20 es una privilegiada oportunidad para debatir y subvertir esta tendencia, más aún cuando el planeta está siendo agredido por una crisis sistémica, que se enmascara con fórmulas como "la economía verde" o la "gobernanza ambiental", ejes conceptuales de la reunión que se llevará a cabo en junio del 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Esta Economía Verde para supuestamente derrotar la pobreza no es más que otra artimaña para lanzar un salvavidas a la crisis galopante del sistema capitalista, creando nuevas oportunidades para la acumulación del capital por la vía de la mercantilización incluso de “productos intangibles”, que permitan ampliar las fronteras neoliberales haciendo aún más precaria la sobrevida humana y la recuperación ambiental del planeta.

            En un esfuerzo entre muchos y muchas, estamos constituyendo esta plataforma social amplia y diversa que permita representar con fuerza las demandas de justicia ambiental y social, esas que miles de comunidades y colectivos esgrimimos como bandera de lucha en nuestros territorios asolados o amenazados por el sistema que Río +20 pretende perfeccionar.

            Desde esta plataforma convocamos a que generemos espacios de discusión y debate en nuestros territorios en torno al desarrollo que queremos para nuestras comunidades, levantamos propuestas de acción conjunta, motivemos la movilización y la creación colectiva a nivel local, regional y nacional, de manera amplia, diversa y descentralizada, de modo de instalar estos temas urgentes en la agenda de nuestras organizaciones y del país en su conjunto.

Convocan a esta Plataforma:

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, Colectivo Viento Sur, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas - ANAMURI, Coalición Ecuménica por el cuidado de la Creación, Confederación de Trabajadores del Cobre – CTC, Secma – FECH, Red Ambiental Norte – RAN, Colectivo Mapuexpress, Centro Ecoceanos, Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Ecosistemas, Caravana Ahimsa por la Tierra, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Defensa de la Precordillera La Florida, Acción A.G., Observatorio Ciudadano,Comité por el Derecho a la Vida Región de Valparaíso, Defendamos la Ciudad,  Instituto Alejandro Lipschutz ICAL, Marcha Mundial de las Mujeres, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo – CENDA.