Después de 30 años de neoliberalismo y una economía basada en
extracción y exportación masiva de materia prima, queda cada vez más en
evidencia que no se puede seguir así a menos que queramos convertir el país
entero en un desierto contaminado. La sequía que afecta todo el país y que hace
necesario el reparto de agua por camiones aljibe incluso en regiones sureñas,
sólo en parte se explica por condiciones climáticas generales, ya que, mientras
se secan los embalses y muchas comunidades rurales sufren por la falta de agua,
consorcios transnacionales están adquiriendo derechos sobre este elemento
vital, y las grandes empresas agrarias y forestales expanden su producción para
el mercado exterior. De la misma manera, se pretenden instalar múltiples
proyectos mineros nuevos, las cuales no solamente ocupan y contaminan grandes
cantidades agua para sus procesos, sino también presionan hacia una mayor
producción de energía eléctrica, con mega proyectos contaminantes y
destructivos.
Hace más de cuatro años que comunidades afectadas
del norte del país nos hemos juntado en una red para enfrentar nuestros
problemas - que tienen la misma raíz -
en conjunto, y romper la situación de desventaja impuesto por la
colusión de la prensa y de los gobiernos de turno con las empresas
extractivistas. Nuestra voz de alerta se une a la de muchas comunidades del
centro y del sur, y despierta a cada vez más personas. De esta manera, en abril
del 2013 se pudo realizar una gran marcha por el agua que reunía a organizaciones
ambientales de todo el país bajo las siguientes demandas esenciales,
relacionadas con el tema del agua:
1. Fin al lucro: El agua es
un bien común, y tal como Chile reconoció en Naciones Unidas, es un derecho
humano básico, y debe ser consagrado como tal en nuestra Constitución, dejando
de este modo de ser una mercancía regulada por el mercado.
2. Propiedad colectiva: El
agua es de la vida y de todos los seres que de ella dependen, por lo tanto, el
rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino que garantizar, bajo una lógica
territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del
agua. Para ello, es vital incorporar prioridades de uso, de manera que el uso
asociado a agua para bebida, servicios sanitarios e higiénicos, producción de
alimentos y mantención de los ecosistemas, tenga preferencia por sobre otras
actividades productivas. Del mismo modo, se debe recuperar el control público
sobre el abastecimiento y saneamiento del agua de bebida para la población.
3. Gestión comunitaria: Los
pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir
colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital
para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar
para que sean posibles. Por lo tanto, se hace urgente establecer una moratoria
al centralista modelo de desarrollo minero, forestal, energético y
agroalimentario que se ha impuesto en nuestros territorios, de modo de evaluar
entre todos y todas, seria y rigurosamente, los costos y beneficios que este ha
traído a las regiones, el país y el planeta.
4. Derogación de los
instrumentos privatizadores: El agua y la tierra son indivisibles, tal como
lo comprenden todas las cosmovisiones campesinas e indígenas, por lo tanto, se
deben derogar todos los instrumentos que fracturan este principio elemental,
como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero, de modo que el agua
deje de ser un derecho empresarial inalienable, contra la vida y la
sustentabilidad de las comunidades y los ecosistemas.
5. Leyes para la vida:
Debemos dictar con urgencia una ley que proteja los ambientes fragilizados, en
especial los ecosistemas glaciares y periglaciares, para preservar las
nacientes de nuestras cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos
hídricos.
6. Restructuración
institucional: Es imprescindible que la institucionalidad, especialmente la
Dirección General de Aguas, detenga sus conductas criminales, entregando más
derechos de agua de lo que las cuencas pueden recargar, y resolviendo cuestiones
técnicas en virtud de criterios político económicos. La institucionalidad que
regule las aguas, no puede ser una pantalla democrática del saqueo, debe
desburocratizarse ahora, estar al servicio de las comunidades y tener
facultades y competencias para garantizar el buen uso de las aguas.
Más allá del tema del agua, como Red Ambiental Norte
hemos establecido también estas otras demandas:
7. Ordenamiento de la producción
minera, que rechace la mega minería química y las empresas transnacionales
y considere sólo aquellas empresas nacionales que utilicen metodologías que
permitan mantener el equilibrio de los ciclos ecológicos de las cuencas
hidrográficas, prohibiendo la instalación de relaves tóxicos y la explotación a
cielo abierto en las nacientes de las aguas, por la cantidad de riesgos
asociados en perpetuidad, a la vida en nuestros valles. Control estatal
efectivo sobre el tratamiento de relaves antiguos y nuevos para evitar riesgos
para la población y los ecosistemas.
8. Creación de un modelo
energético para el país, basado en el uso de energías limpias con
tecnologías avanzadas, propuestas desde la participación ciudadana vinculante,
y sin termoeléctricas.
9. Soberanía alimentaria. Exigimos
moratoria a los cultivos transgénicos y etiquetado de los alimentos que
contengan transgénicos. Nos oponemos a la Ley de Obtentores Vegetales que es el
paso previo para el “nivel 2” de privatización de la semilla, pues permitirá
que se promulgue el Convenio UPOV 91 afectando nuestro patrimonio genético y la
biodiversidad. Rechazamos los biocombustibles, los mega proyectos alimentarios
y la nueva ley de pesca, y exigimos proteger la cultura campesina y pesquera
que esté en armonía con la naturaleza, indígena o criolla, y los pequeños
productores que puedan abastecer a la población con alimentos saludables.
Llamamos a favorecer la agricultura orgánica con métodos naturales de
fertilización y control de plagas, y reducir el uso de agroquímicos a un
mínimo. Asimismo nos oponemos a una ley de fomento forestal que subsidia la
plantación masiva de árboles que dañan y depredan los ecosistemas, y secan las
napas de agua. Rechazamos también tajantemente cualquier tratado internacional
que nos impida tomar decisiones a favor de nuestra población.
10. Políticas de salud pública
que protejan a los ciudadanos. La primera preocupación del estado debe ser
el bienestar de sus ciudadanos, y no la acumulación de ganancias de empresas
transnacionales. Así, rechazamos categóricamente el nuevo decreto supremo Nº 20
publicado en el diario oficial el 16 de diciembre de 2013, el cual permite la
triplicación de emisión de material particulado mp10, poniendo los intereses de
las industrias por encima del derecho a salud de la población. Igualmente,
demandamos derogar la ley de antenas porque no respeta los derechos de salud y
libertad de las personas. Exigimos fiscalización ciudadana en las emisiones de
antena de telefonía y de comunicación celular, que se baje la norma de emisión
de ondas electromagnéticas a 0,1 microwatt’s x cms2 y que las torres o
monopostes portadores de antenas de telefonía celular sean reemplazadas por
microceldas. Por otro lado, se debe hacer un verdadero monitoreo permanente de
la calidad del agua potable y del aire para detectar y exigir remedio ante
eventuales contaminaciones por las industrias, y se debe prohibir la descarga
de materiales tóxicos o aguas servidas a caudales y el mar. Igualmente, se
necesitan políticas públicas para la reducción, el reciclaje y el tratamiento
adecuado de los diferentes tipos de basura. Es insoportable que las empresas se
lleven las ganancias de sus operaciones, y la población cargue con los costos de
salud, paisajísticos, turísticos y eco-ambientales.
Por lo tanto, más que una ley ambiental que maquille
el saqueo, necesitamos una nueva
constitución que se base en el concepto del bien común, donde las riquezas
naturales se cuiden y se compartan; que implique una real participación
ciudadana desde la perspectiva territorial, sin persecución ni criminalización,
y que garantice los derechos de las personas a salud y a vivir en ambientes
libres de toda contaminación.
Red Ambiental Norte
Enero 2014
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